Al igual que ocurrió en el resto de Europa, el despoblamiento de la España rural estuvo principalmente impulsando por la pérdida de peso económico de la agricultura, un sector en el que trabajaban más de 5,6 millones de personas –un 50 % del total de la población- a mediados de siglo, pero que apenas suponía un 7,3 % -alrededor 1,2 millones de empleos- a finales del mismo.
A pesar de que España ya había comenzado un lento proceso de industrialización de sus diferentes sectores económicos en los años treinta, como recuerdan los historiadores Fernando Collantes y Vicente Pinilla en su obra ‘¿Lugares que no importan?’, el estallido de la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista truncaron este proceso, que no se retomaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de 1950, sin embargo, la economía española entró en “una fase de expansión sin precedentes” caracterizada por su rápida industrialización, que incluyó al sector agrario, y por la urbanización de los grandes núcleos poblacionales del país. La construcción y la naciente industria urbana requerían mano de obra barata y abundante, al tiempo que ofrecían la posibilidad de ganar sueldos más altos y el acceso a servicios, infraestructuras y bienes de consumo que eran menos accesibles en las áreas rurales.
La expansión de las ciudades
La expansión de las ciudades también demandaba grandes cantidades de alimentos, lo que impulsó la modernización de un campo que comenzó a introducir cada vez más insumos industriales: maquinaria, agroquímicos, nuevas semillas o sistemas de regadío. El símbolo de esta modernización fue el tractor. Sin embargo, aunque mejoraron la productividad agrícola y el nivel de renta en las áreas rurales, las innovaciones tecnológicas en el campo también redujeron la necesidad de mano de obra, advierten Collantes y Pinilla.
“La reducción de las necesidades de mano de obra en la agricultura y en las actividades productivas ligadas a ella”, junto con la falta de desarrollo de “otros sectores con capacidad de generación de empleo” en el mundo rural, explican los economistas Eduardo Bandrés y Vanessa Azón en su obra ‘La despoblación de la España interior’, empujaron a buena parte de su población, y especialmente la de menor edad, a migrar en busca de oportunidades laborales.
Los miembros más jóvenes de las comunidades rurales acudieron entonces a las principales ciudades. La migración no era un fenómeno desconocido en el país, pero esta vez los desplazamientos temporales de décadas pasadas se convirtieron en permanentes. Mientras los migrantes rurales poblaban los nuevos barrios sin servicios de las ciudades y desempeñaban los trabajos pagados –un proceso reflejado en numerosas obras literarias y películas españolas- en sus lugares de origen quedaba una población cada vez más envejecida y un futuro cada vez más difícil.
De este modo, el vaciamiento rural español se produjo en paralelo a la degradación de la situación económica en las regiones afectadas: según datos de Bandrés y Azón, las provincias despobladas –un total de 23 según sus cálculos- representaban en 1950 el 34,1 % de la población total del país, albergaban el 33,5 % del empleo nacional y generaban el 26,7 % del Valor Añadido Bruto (VAB), mientras que en 2019 estos valores se habían reducido al 18,1 %, el 17 % y el 16,1 %, respectivamente.
La desigualdad entre el Producto Interior Bruto (PIB) y la renta per cápita de las provincias españolas, sin embargo, se redujo entre 1950 y 1980. Aun así, las áreas rurales continuaron por debajo de las urbanas, y es que el progreso de la agricultura española fue incapaz de situar la renta de los agricultores a un nivel comparable al del resto del país. La tendencia a la reducción de las desigualdades se estancó desde entonces, llegando incluso a revertirse a partir del año 2008.
Según apuntan Collantes y Pinilla, el ingreso de los hogares encabezados por agricultores continuaba siendo en los años noventa entre un 25 % y un 30 % inferior al del hogar medio y un 15 % más bajo en el caso de los hogares rurales no agrarios.